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16 Diciembre 2015

Ante la publicación del Decreto 83/2015 que designó en comisión para integrar las dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los Dres. Horacio Daniel Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) recuerda que "el nombramiento de un miembro de la Corte es un acto de gran importancia institucional".

En este sentido, "no ponemos en duda los méritos y la alta solvencia técnica de los candidatos escogidos por el Sr. Presidente de la Nación. Sin embargo, la ADC ve con mucha preocupación que se haya apelado a este mecanismo de designación de jueces para la Corte Suprema, aunque no se trate de nombramientos permanentes, pues nada hubiera impedido que, para designaciones de tanta trascendencia, se hubiera convocado a sesiones extraordinarias del Senado a los efectos de tratar de manera prioritaria estos pliegos, conforme lo establece el art. 99, inc. 4° de la Constitución Nacional. Todo ello, a fin de asegurar el principio de división de poderes en la designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
12 Julio 2015

El informe “ Si nos conocemos más, nos cuidamos mejor. Informe sobre políticas de biometría en la Argentina” realizado por la ADC aborda los conceptos básicos y un análisis de las políticas de identificación biométrica, implementados en el país. Asimismo, alerta sobre los problemas involucrados en este tipo de políticas y analiza el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), creado en 2011 por el gobierno nacional.

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presenta una investigación sobre el estado actual del desarrollo de las políticas de identificación biométrica en nuestro país: “Si nos conocemos más, nos cuidamos mejor. Informe sobre políticas de biometría en la Argentina.”

La  biometría es el reconocimiento automático de los individuos con base en sus características biológicas y de comportamiento . En los últimos años en Argentina se expandieron distintos tipos de políticas de recolección, almacenamiento y procesamiento de datos biométricos de los ciudadanos. Estas han avanzado de manera sigilosa, sin un alto impacto en la agenda pública y sin que surgieran voces que alertaran sobre los riesgos que ellas acarrean para la privacidad de los ciudadanos.

En la  primera parte  del informe que realizó la ADC se presentan  conceptos básicos sobre mecanismos de identificación biométrica . El objetivo es introducir al debate público información sobre una tecnología en pleno proceso de desarrollo, expansión y perfeccionamiento.

En la  segunda parte , del análisis tecnológico se pasa al  análisis de las políticas de identificación biométrica en Argentina , uno de los países pioneros en la adopción de este tipo de mecanismos de registro y clasificación de la población. Este análisis sugiere dos conclusiones: por un lado, que el marco normativo que regula la recolección de datos de los ciudadanos con fines de “clasificación” tiene un bajísimo  pedigree  democrático que lo vuelve sospechoso; por el otro, que se trata de un régimen legal que establece políticas de normalización a las cuales los argentinos, a diferencia de lo que ocurre en otros países, se han acostumbrado.

En la  tercera parte  se analizan los  problemas involucrados en este tipo de políticas , que son de un triple orden: (a) las políticas de normalización, disciplinamiento y control que este tipo de prácticas favorece; (b) los riesgos que esta clase de registros significan para los derechos de los ciudadanos y (c) los débiles marcos legales que limitan el alcance del poder del Estado en el desarrollo de las mismas.

Finalmente, en la  cuarta parte  se revisa el  Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS) , creado en 2011, que tiene por objeto unificar información, hoy dispersa, en una sola base de datos. Cuando el sistema fue anunciado generó alarma a nivel internacional pero poca cobertura a nivel local: el video oficial que lo presentaba anunciaba a los ciudadanos argentinos que pronto todos sus datos personales capaces de identificarlos iban a estar en una sola base de datos, a la que podrían acceder de manera remota cientos de miembros de fuerzas de seguridad y que pronto podría contener registros sobre nuestra forma de caminar o nuestro ADN.

Este  video  que la Dirección Nacional de Migraciones transmite en las salas de ingreso y egreso del país generó que, por ejemplo, el activista Richard Stallman anuncie que no regresaría a la Argentina hasta tanto el sistema sea desmantelado. Esta  investigación de la ADC  sugiere que el sistema no se encuentra, todavía, suficientemente implementado. Esto es una buena noticia para los derechos de los ciudadanos ya que significa que aun es posible impedir el desarrollo de esas capacidades en el Estado o establecer controles estrictos que hoy están ausentes.

Para descargar:

Formato pdf:  InformeBiometriaADC2015

Formato epub:  Si nos conocemos mas, nos cuidamos mejor – ADC

Formato mobi:  Si nos conocemos mas, nos cuidamos mejor – ADC

05 Octubre 2014

Cinco organizaciones locales participarán en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de tratar la falta de nombramiento del Defensor del Pueblo de la Nación y su impacto sobre la vigencia de los derechos humanos en la Argentina. Tendrá lugar el 28 de octubre próximo.

Las organizaciones solicitantes de la audiencia son la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Estas ONG vienen liderando a nivel local, desde hace varios meses, una campaña denominada “Un Defensor/a del Pueblo y para el Pueblo”, para concientizar sobre la situación. Al solicitar la audiencia, informaron al organismo internacional sobre la situación que atraviesa la Defensoría del Pueblo, cuya titularidad se encuentra vacante desde 2009, y que quedó acéfala en 2013 por el vencimiento del mandato del Defensor Adjunto que se encontraba a cargo.

Actualmente, la máxima autoridad de la institución es una persona designada provisoriamente, sin cumplir con el procedimiento y los requisitos exigidos por la Constitución Nacional, lo que genera serias limitaciones a sus facultades y un fuerte condicionamiento a su independencia, al no contar con las garantías de actuación que otorga el marco legal vigente.

Según la ley, la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, compuesta por representantes de las diferentes fuerzas políticas, es la encargada de proponer un candidato, cuya designación debe ser aprobada por el voto de los dos tercios de los representantes de cada Cámara, lo cual se encuentra incumplido desde la renuncia del último Defensor del Pueblo, hace 5 años.

El pedido a la CIDH también sostiene que esta situación de irregularidad atenta contra el debido cumplimiento de las funciones propias de la Defensoría del Pueblo, que consisten en la defensa y protección de los derechos humanos de los habitantes de la Nación ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

La audiencia se desarrollará en la sede de la CIDH en Washington DC, Estados Unidos, el 28 de octubre y serán convocados a participar representantes de las organizaciones peticionarias y representantes del Estado Argentino.

06 Septiembre 2014
En el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Corte Suprema confirmó que es inconstitucional que se excluya del padrón de electores de la Ciudad de Buenos Aires a personas condenadas y sancionadas por diversos delitos y faltas.

La Corte Suprema dejó firme un fallo que reconoce el derecho al voto de las personas condenadas y sancionadas por diversos delitos o faltas, al declarar "inadmisible" la última apelación presentada por el Gobierno porteño. En consecuencia, deberán ser integrados al padrón de electores de la Ciudad de Buenos Aires para las próximas elecciones de autoridades porteñas.

 

ANTECEDENTES

En septiembre de 2012, la  ADC interpuso  ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a la "ilegal y desproporcionada restricción del derecho al voto de las personas condenadas y sancionadas por diversos delitos y faltas prevista en el Código Electoral Nacional, vigente en la Ciudad de Buenos Aires" como norma local en virtud del art. 5 de la ley 24.588 (ley Cafiero), expresaron desde ADC.

En el marco de esta acción, en marzo de 2013 el TSJ celebró una audiencia pública, entre las partes y la Fiscalía General de la Ciudad apoyó el planteo de inconstitucionalidad de la ADC.

Posteriormente, el TSJ hizo lugar al pedido de la ADC y declaró "la pérdida de vigencia" de los de los incisos “e”, “f” y “g” del art. 3° del Código Electoral Nacional que excluían del padrón para elecciones de autoridades porteñas a personas condenadas y sancionadas por diversos delitos o faltas. Pero la sentencia del TSJ fue recurrida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Máximo Tribunal rechazó el recurso.

En esta acción, la ADC insiste en que "esta restricción es claramente contraria a diversos artículos de la Constitución Nacional, de la Constitución porteña y de instrumentos internacionales de derechos humanos, en tanto impiden que miles de ciudadanos y ciudadanas voten y que la sociedad construya sus resultados electorales con el concurso de esos votos".

La ADC también considera que "prohibirles el voto atenta contra su dignidad, ya que al considerarlas sujetos incapaces de emitir una opinión, se les niega la posibilidad de participar en el debate político y agrava sus condiciones de detención".

Tal como indicó la ADC en la presentación de esta acción, esta restricción "es claramente contraria a diversos artículos de la Constitución Nacional, de la Constitución porteña y de instrumentos internacionales de derechos humanos, en tanto impiden que miles de ciudadanos voten y que la sociedad construya sus resultados electorales con el concurso de esos votos".

Cabe destacar que el derecho a voto de los condenados fue reseñado en el primer documento de una serie de difusión editada por la ADC en su revista Cuestión de Derechos, al cual puede acceder aquí: El voto de las personas condenadas: un derecho pendiente .

Acceda abajo al Fallo de la CSJ.

22 Agosto 2014

Cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron un pedido de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para informar "sobre la grave situación institucional derivada de la falta de designación de un Defensor del Pueblo de la Nación Argentina por parte del Congreso".

El pedido de audiencia, firmado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Poder Ciudadano, presenta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación actual de la Defensoría del Pueblo de la Nación, así como "los graves peligros y consecuencias nocivas producidas por la vacancia que atraviesa desde el 2009, profundizada por la falta de Defensores Adjuntos desde diciembre de 2013".

Las organizaciones remarcan que, "tras 246 días de acefalía (contados a la fecha de la presentación, 254 al día de hoy), se ha generado una situación de gran incertidumbre -incluso al interior del organismo- acerca de las facultades del “designado provisorio”, lo que atenta contra el cumplimiento íntegro de la misión y actividades de la entidad".

El pedido concluye sosteniendo que la "situación de irregularidad detallada produce una doble vulnerabilidad institucional: por un lado, la  indefensión de los derechos de los habitantes de la Nación, que carecen de la figura de un Defensor legitimado en su designación a esos efectos; y por el otro, un fuerte condicionamiento a la independencia de quien se encuentra provisoriamente a cargo, al no contar con las garantías de actuación que otorga el marco legal vigente. Según la ley, la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional compuesta por representantes de las diferentes fuerzas políticas es la encargada de proponer el candidato, pero los hechos demuestran que desde hace un largo tiempo se encuentra en deuda con los ciudadanos en esta tarea".

En el caso de que la CIDH decida conceder la audiencia, la misma formaría parte del 153º Período Ordinario de Sesiones, que se llevará a cabo entre el 23 de octubre y el 7 de noviembre del corriente año.